El 82% de las acciones de amparo interpuestas el año pasado para conseguir que el Estado solvente gastos de salud ingresaron al mismo tribunal: la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Este dato se desprende del análisis de la cartera de juicios de la Fiscalía de Estado de la Provincia, que en total maneja 9.500 procesos (se informa por separado).

La lista detallada de amparos abiertos en 2016 y 2017 revela que los ciudadanos exigieron al Estado el pago de traslados, coberturas integrales, maestras integradoras, prótesis, tratamientos distintos, medicamentos, centros para adultos, cirugías, etcétera. El abogado Juan Manuel Posse inició la mayoría de estos procesos.

Los amparos a la salud (433 expedientes) representan el 4,5% del volumen total de casos. En 2016 hubo 85 procesos nuevos de esa especie: este número bajó casi a la mitad en 2017 (44). Pero entre un año y otro aumentó el poder relativo de decisión de la Sala I, que pasó de concentrar el 67% de las causas a tramitar el 82%. En las antípodas se ubica la Sala III, que saltó del 21% al 4% en idéntico período. La Sala II se mantuvo más estable: en 2016 recibió el 12% de los amparos y en 2017, el 14% (ver gráficos).

Los tres tribunales deberían tener una carga de trabajo similar puesto que intervienen en los amparos en función de turnos internos de idéntica duración. La Sala I, el estrado que domina el escenario de los procesos de salud, es paradójicamente el único que funciona “a medias” por la vocalía que dejó vacante Salvador Ruiz al jubilarse en septiembre del año pasado. Esta acefalía obliga a componer el tribunal que integra el camarista Horacio Castellanos con magistrados de los otros órganos: Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (Sala II), y Ebe López Piossek y Sergio Gandur (Sala III). Estas subrogancias acabarán en general cuando asuma el actual subinterventor del Subsidio de Salud, Juan Ricardo Acosta, funcionario a quien el gobernador Juan Manzur designó este viernes como sustituto de Ruiz. Pero es posible que, durante un tiempo, persista la necesidad de integrar la Sala I para decidir los pleitos de salud puesto que Acosta podría excusarse en los conflictos en los que haya intervenido como autoridad del Subsidio.